Un mecanismo de no causación de impuestos al carbono a partir de la compra de certificados ofrece oportunidades y desafíos de diseño sobre los impuestos al carbono. Latinoamérica ha realizado una implementación dinámica de esta opción, incluyendo el apalancamiento de mercados de carbono voluntarios, enfrentando así desafíos de diseño que la consolidan como un referente a nivel global.
La acción climática para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se puede dividir en cuatro categorías: 1. Comando y control, 2. Incentivos, 3. Sistemas de topes y créditos y 4. Impuestos al carbono.
Mientras que las acciones de comando y control e incentivos generan una señal de precio de manera indirecta, las dos últimas (sistemas de topes y créditos e impuestos al carbono) entran en la denominación de sistemas de precio directo. De estas posibles acciones y dentro de una, el Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha planteado que el establecimiento de precios al carbono vía impuestos o sistemas de topes y créditos es una de las acciones más costo-efectivas, aunque ha reconocido su limitación en cuanto al cambio de tendencias en la categoría de uso del suelo. Sin embargo, pese a este bajo efecto en la categoría de uso del suelo, el instrumento de asignar un precio al carbono es protagonista en la acción climática para ajustar las tendencias de emisiones en la categoría de energía y, especialmente, por la quema de combustibles fósiles.
Siempre que un país tome la decisión de implementar el impuesto al carbono, tiene varios caminos para estimar su precio idóneo. Si se reconoce como externalidad el costo, bajo esta perspectiva, el precio debería estar entre 7.5 (según William Norhaus)- 85 $USD (Según Nicholas Stern, en estudios para el Banco Mundial). El IPPC, cuando analiza los sistemas de precio al carbono operando de manera sinérgica con medidas de comando y control e incentivos, concluye que un precio que comienza con 5 USD llegando a 27 USD tCO2−1 en 2040 es costo efectivo.
Siguiendo esta tendencia según, los datos del Banco Mundial existen 65 iniciativas de precio que cubren 11.65 Gton CO2 lo que representa el 21% de las emisiones globales de GHG, con un precio entre 1 y los 100 USD. En Latinoamérica se ha puesto en implementación ocho iniciativas de precio al carbono, es decir, con cuerpos normativos, y se tienen agendadas, cinco adicionales.
Los casos operativos de México, Colombia y Chile que, sumados a los de Argentina, plantean precios entre los 3 y los 6 dólares por tonelada, resaltan en la región. Así como los procesos de diseño e implementación en Brasil y Perú. Algunas de estas propuestas han avanzado en la definición de la destinación especifica de los ingresos de los sistemas de precio a las arcas públicas, así como en el establecimiento de sistemas de compensación (offseting). Opciones todas que enriquecen el abanico de posibilidades de diseño de un precio al carbono.
El offseting, en los sistemas de precio, es una innovación que concatena los impuestos al carbono con el mercado de resultados de mitigación certificados, cambia la señal económica y crea oportunidades para atender sectores de emisión que no responden a los impuestos, disminuye el recaudo, pero crea un sistema de inversión directo.
Para implementar el offseting se requiere de un conjunto de reglas que guíen a quienes verifiquen el resultado de la mitigación, que se convertiría en objeto de la no causación, para que realicen su función con calidad y transparencia. Puede que estas reglas y procesos de revisión se hagan desde oficinas del gobierno, creando un nuevo procedimiento administrativo. Otra opción es aceptar estándares del mercado voluntario, privado, o los mecanismos formulados desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus correspondientes estructuras administrativas. Una tercera vía puede ser aceptar el proceso de verificación y certificación bajo estándares privados, pero creando funciones de control en las oficinas públicas, de tal manera que se pueda hacer inspección a proyectos, por ejemplo, los construidos con tratos asimétricos con comunidades o con líneas base atípicas.
Por otra parte, tenemos el cambio en la señal de precio que genera el offseting. El valor del impuesto debe ser calculado estimando la señal de precio deseada, incluida, la opción de compra de unidades de carbono certificado. El precio, en esencia, busca que se emita menos al hacer más caras las actividades carbono intensivas y si, por ejemplo, se calcula que es coherente un precio de 6 USD, pero la industria emisora de GEI termina pagando un valor menor, cercano a 3 USD, estará menos motivada a realizar cambios tecnológicos hacia el carbono eficiente. Hasta el momento, subir el precio cuando se implementa el offseting parece buena idea, sin embargo, la teoría económica nos indica que hay un precio óptimo para el recaudo (véase la curva de Laffer), por lo que una señal de precio ajustada no debería pasar de este punto. En este sentido, la modelación económica del impuesto, incluido el efecto del offseting, se hace esencial.
Como recomendación, para una transparente contabilidad del carbono, una vez la empresa presenta el certificado de carbono, éste se debe cancelar para que no sea contado dos veces. Creando la necesidad de un sistema contable. Por otra parte, los países tienen la opción de firmar acuerdos internacionales para transaccionar resultados de mitigación, por lo cual se deberá estructurar un sistema de contabilidad y registro que garantice que los resultados de mitigación que se exporten sean adicionales bajo un marco de integridad ambiental y transparencia.
Pese a los desafíos de diseño, que son todos solventables, el offseting crea una oportunidad para atender a los sectores que no responden a la señal de precio, por ejemplo, a las emisiones por deforestación y degradación de tierras forestales originadas por actividades ilegales. Generar un sistema de incentivos y demanda asegurada a largo plazo para los mercados voluntarios es una estrategia para llegar a territorios comunitarios que, si opera en un marco de salvaguardas robusto, constituye un cambio en la geografía de la inversión climática al descentralizarla.
