Con el fin de implementar con éxito las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de los países, y aumentar la ambición a lo largo del tiempo como lo requiere el Acuerdo de París, una prioridad clave es aumentar el flujo de recursos financieros a las inversiones bajas en carbono, mediante la creación de políticas, instrumentos, mecanismos y medidas para superar las diversas barreras que actualmente obstaculizan el financiamiento climático.
El proyecto DecarBOOST se inició en 2020 y se extenderá hasta finales del primer trimestre de 2023. Tiene como objetivo apoyar a tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y Perú, para catalizar la transición a una sociedad baja en carbono y promover inversiones consistentes con un desarrollo resiliente. El proyecto proporcionará la base de evidencia y las propuestas para influir en la reforma de las políticas y trabajar para mejorar las condiciones propicias para dirigir los flujos financieros hacia vías de desarrollo bajas en carbono y resistentes al clima. Específicamente, DecarBOOST lleva a cabo distintos análisis sectoriales en profundidad (Argentina y Brasil), e investigaciones sobre las opciones de recuperación económica verde (Perú) para ayudar al proceso de reforma de políticas públicas, el desarrollo de instrumentos financieros y de carteras de inversión para implementar efectivamente las NDC en línea con los objetivos del Acuerdo de París. |
Los tres países tienen una meta climática a mediano plazo, incluida en sus respectivas NDC actualizadas; y a su vez, están trabajando hacia un compromiso neto cero hacia 2050. Tanto Argentina como Perú están en el proceso de desarrollar una estrategia climática a largo plazo (LTS), mientras que Brasil ha desarrollado un plan sectorial energético y ha establecido una meta de electricidad renovable para 2050.
¿Cómo se han identificado y clasificado las barreras?
Para el abordaje de la identificación y clasificación de barreras, cada uno de los países priorizaron sectores y/o temas. Brasil realizó su análisis a partir del trabajo en seis sectores:
Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), finanzas, transporte, industria, energía y residuos; y clasificaron las barreras en económicas/financieras (E/F) y regulatorias/institucionales (R/I). Argentina determinó tres sectores: energía, transporte (que fueron analizados de manera conjunta) y USCUSS; y clasificó cinco tipos de barreras: económicas; financieras; técnicas; políticas y culturales; legales, e institucionales. Finalmente, en el caso del Perú, se orientó la identificación de barreras a partir de potenciales acciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) relacionadas a la recuperación económica verde; y se clasificaron según el tipo de falla a la que corresponde (fallas del mercado, estado, innovación, regulación e información).
En los tres países, se identificaron distintos tipos de barreras, entre ellas, las estructurales, semiestructurales y no estructurales. Sin embargo, el foco de análisis del proyecto fue puesto en las no estructurales, que dificultan las inversiones a largo plazo con bajas emisiones de carbono; y se realizaron propuestas de modificaciones de políticas y/o instrumentos innovadores en sectores clave para superar este tipo de barreras.
Barreras identificadas
Entre las principales barreras identificadas para las inversiones climáticas en Brasil (además de las específicas por cada sector) se encuentran: altos costos iniciales en la implementación de nuevas tecnologías; alto riesgo tecnológico y financiero de los proyectos innovadores lo que conduce a altas tasas de interés; leyes y reglamentos inapropiados (por ejemplo, en la generación de energía y campos de eficiencia energética); y falta de un marco institucional adecuado para fomentar la participación de asociaciones público-privada; entre otros.
Muchas acciones de mitigación aún no son competitivas en el mercado. Por un lado, las innovaciones normalmente carecen de la escala necesaria para reducir los costos unitarios en la fase inicial de implementación. Por otro lado, las externalidades negativas de las emisiones de GEI no tienen un precio total en el mercado. La competitividad económica de las acciones de mitigación se ve obstaculizada aún más por los costos de capital que deben afrontar. El perfil de flujo de efectivo de estas inversiones generalmente implica costos iniciales más altos que las tecnologías convencionales, que se recuperarán gracias a costos operativos más bajos (por ejemplo, con el consumo de combustibles fósiles). El tiempo de retorno de la inversión es generalmente más largo que para las inversiones financieras (por ejemplo, en proyectos en el sector forestal), y los riesgos percibidos son mayores debido a la novedad de las tecnologías y, a menudo, al tamaño pequeño y mediano de los proponentes.
El crédito para inversiones a largo plazo es limitado por las imperfecciones de los mercados financieros y depende fuertemente del público y de los bancos multilaterales de desarrollo. Las instituciones financieras públicas carecen de la capacidad de fomentar alianzas público-privadas para implementar acciones de mitigación a través de mecanismos financieros inteligentes (por ejemplo: fondos de garantía pública, bonos verdes; ver La Rovere et al, 2018a). Todos estos factores contribuyen a la dificultad de las acciones de mitigación para acceder al capital en las condiciones requeridas (tasas de interés razonablemente bajas y largos períodos de recuperación).
El análisis en Argentina dio como resultado que existen barreras relacionadas con aspectos tanto económicos, financieros, técnicos, políticos y culturales, y legales e institucionales. Las principales barreras están asociadas con una falta de integración de los incentivos intersectoriales, falta de instrumentos de inversión climática a largo plazo, poco conocimiento de los beneficios de las tecnologías bajas en carbono, falta de señales claras del mercado y de la política fiscal para atraer inversiones climáticas y marcos legales desactualizados o insuficientes que no reflejan las necesidades para las transformaciones sectoriales.
En lo que respecta específicamente a las barreras económico-financieras, en el sector Energía y Transporte destacan los altos requisitos de capital para las inversiones en infraestructura y activos de capital a largo plazo, las dificultades de acceso al crédito, los elevados costos de capital (lo que resulta en mayores requisitos de rentabilidad para el reembolso financiero de las inversiones), precios y tarifas de la energía artificialmente bajos y elevadas subvenciones a los combustibles fósiles. En el sector AFOLU las principales barreras económico-financieras están asociadas a una falta de acceso a fuentes de financiación, altos costos para los productores y baja rentabilidad de algunas de las medidas.
El análisis realizado, y en especial las entrevistas y diálogos que se han llevado a cabo, muestra que hay un gran espacio para aumentar la consistencia de incentivos dentro de los sectores analizados, así como a nivel nacional. Además, otros medios para mejorar el potencial de decisión para la implementación de las opciones de mitigación existentes están relacionados, e incluyen: señales claras de mercado, disponibilidad y la calidad de los datos, regulaciones sectoriales y marcos legales adecuados; instrumentos financieros innovadores para fomentar inversiones bajas en carbono a largo plazo, medidas y planes de desarrollo de capacidades dirigidos a sectores específicos, actividades, empresarios, técnicos y trabajadores; y procesos administrativos simples.
En el caso de Perú, se identificaron barreras como la poca claridad de la normativa, que resulta poco atractivo para los empleadores en el caso del teletrabajo; así como en la ausencia de un cronograma vinculante para convocar a las licitaciones de nuevos proyectos enfocados en energía renovable; y en la generación distribuida, que aún no cuentan con la aprobación y publicación del reglamento.
En el caso de la incorporación de criterios verdes en el financiamiento privado faltan incentivos en el mercado para el uso de instrumentos verdes, tanto en la banca comercial y de desarrollo como en las empresas; y en la incorporación de criterios verdes en los proyectos de inversión pública. A su vez, la ausencia de una metodología universal, para la formulación, evaluación, priorización y monitoreo impiden conectar los proyectos de inversión activos con las NDC. Además, existe una carencia de incentivos suficientes para la adopción del fomento del precio interno del carbono.
Los estudios realizados en estos tres países, nos muestran coincidencias de barreras a superar en la región para dar mayor claridad en aspectos regulatorios, generar mejores incentivos para la inversión que favorezca la mitigación de GEI, diseñar e implementar instrumentos financieros innovadores para fomentar inversiones bajas en carbono a largo plazo, mejorar las capacidades y desafíos técnicos e innovación tecnológica que requiere la transición energética; y finalmente desarrollar mayor y mejor flujo de información para la toma de decisiones tanto políticas como de inversión pública y privada.
